De su ascenso. De eso amaneció pendiente el inspector Héctor Rovaín el jueves 11 de abril de 2002. A las 5 de la mañana salió de su casa en Charallave hacia Cotiza, sede de la Dirección de Orden Público, antigua Brigada Especial de la Policía Metropolitana. Su labor del día: Presentar la prueba física en el estadio Brígido Iriarte para alcanzar una nueva meta, prevista para julio de ese año.
De regreso a Cotiza, cerca del mediodía, conoció la situación. La ciudad estaba en caos.
A las 12 del mediodía salió una ballena hacia la UCV, donde habían disturbios. Decidió comandar la unidad porque no había oficial a bordo. De la UCV debieron trasladarse hasta el centro de la ciudad, donde pedían refuerzos. Por Puente Hierro llegaron a la avenida Baralt, cerca de la plaza Miranda.
En los alrededores del liceo Fermín Toro habían otras ballenas, un rinoceronte, un piquete policial que buscaba contener a la gente en la esquina de Escalinatas para que no pasaran a Miraflores
Producto de disturbios frente al Fermín Toro, entre la GN y civiles, hubo un muerto de los que participaban en la marcha.
A las 3 p.m. debió prestar apoyo desde la esquina La Pedrera. Los funcionarios reportaban que estaba cayendo gente herida por un enfrentamiento con los pistoleros. La orden les indicó que los camiones fueran a reforzar el sitio. Encapuchados disparando hacia abajo, a la gente de la marcha opositora, y personas cayendo con tiros en el pecho, fue la primera imagen que vieron en este lugar
La unidad que comandaba Rovaín fue convertida en una especie de barricada que contuviera los disparos desde la esquina de Muñoz hacia abajo. Lanzaron gas lacrimógeno y agua hacia la esquina de Muñoz para dispersar.
El inspector debió defenderse. Su arma, una 357, la usó para disparar al aire, según evidencian los videos consignados como prueba. Que el calibre de esas balas no coincidiera con las localizadas en los cuerpos de las víctimas, no fue impedimento para que Héctor Rovaín fuera condenado a 30 años de prisión, de los cuales ya acumula 14.
A las 4:30 p.m. el equipo del inspector Héctor Rovaín se retiró porque un impacto de bala perforó uno de los cauchos delanteros. Debía evitar que se apoderaran del camión. Esta no fue la única bala. El expediente da cuenta de los múltiples impactos en este vehículo, una prueba a su favor, ignorada durante el juicio que duró 3 años y medio.
El suyo fue el juicio más largo de la historia venezolana. El que acumuló mayor cantidad de pruebas por parte de la defensa, todas ignoradas por la jueza cuarta de juicio, Maryorie Calderón. Ella sólo siguió las instrucciones del magistrado Eladio Aponte Aponte, a quien el presidente del momento, Hugo Chávez, instruyó por televisión de la necesidad de culpabilizar a los funcionarios.
Aponte Aponte cumplió, pero años después se arrepintió y en una confesión apostilladas, desde Costa Rica, pidió perdón a Rovaín y sus compañeros, según él condenados por órdenes de Chávez sin prueba alguna que los inculpara. Este reconocimiento no cambió la realidad del inspector.
El sigue preso en el Centro Nacional de Procesados Militares, con su familia desarticulada, su papá enfermo y sus esperanzas cifradas en una justicia que no termina de enderezarse. Desde 2010 le corresponde el otorgamiento de los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Debería disfrutar de la redención de la pena por horas de estudio y trabajo y destacamento de trabajo. Rovaín aún espera
Policías Metropolitanos, caso 11 de Abril 2002 Los primeros presos políticos de la revolución 